domingo, 12 de febrero de 2023

ABC Pornoespionaje



Comparto artículo publicado en ABC el 10 de febrero de 2023

Pornoespionaje

"Legué a sentir náuseas viendo los vídeos», recuerda Paloma hoy. «Para, déjalo ya, que te va a sentar mal», le pide su pareja mientras Paloma mira la pantalla del ordenador con los auriculares puestos. «Me estaba afectando, pero necesitaba hacerlo». Y encontró lo que buscaba –y temía– encontrar: vídeos grabados en la playa de San Ciprián, en Lugo, donde se ve a parejas manteniendo relaciones sexuales. Paloma no aparece en esos vídeos, pero sí en otros que, sostiene, hicieron las mismas personas. El caso fue muy mediático: decenas de mujeres habían sido grabadas orinando en la calle –con varias cámaras diminutas instaladas con mucha antelación– durante A Maruxaina, la fiesta veraniega de la localidad, en 2019. Y los vídeos acabaron en páginas web porno. Lo descubrieron por casualidad y denunciaron.

 





El escándalo que desató la investigación. Un centenar de mujeres fueron grabadas en 2019 en las fiestas de A Maruxaina, en la localidad lucense de San Ciprián, mientras orinaban en la calle ante la escasez de urinarios públicos. Había varias cámaras escondidas: en los bajos de un coche, en un canalón… Las grabaciones terminaron en webs pornográficas, que las víctimas descubrieron por casualidad. Cuatro de ellas —en la imagen que abre este reportaje— acabaron descubriendo toda una organización ilegal. Estas son algunas de las imágenes que ellas mismas aportaron a la causa.

El caso está en los tribunales, pero Paloma Maseda y otras afectadas como Ylenia Hinestrosa, Alba Álvarez o Andrea Rodríguez no se han quedado de brazos cruzados. Han seguido buscando pruebas, rastreando sitios de contenido pornográfico a la caza de pistas que sirvan para identificar a los autores. Las primeras alarmas saltaron en 2020, cuando descubrieron los primeros vídeos, un año después de ser grabados. Y tiempo después vieron que había más: también habían filmado a parejas manteniendo relaciones en A Maruxaina y también en el Xiringüelu, las fiestas de Pravia (Asturias). Siguieron meses de búsqueda hasta que a finales del año pasado aportaron a la causa 13 vídeos más. «Están ejerciendo ellas mismas de detectives», dice su abogado, Juan Rivera, que representa a algunas de las afectadas. «Están poniendo en nuestras manos y en las de la Policía toda la información posible». La Guardia Civil está, en principio, analizando las imágenes. Un trabajo que ellas han hecho ya exhaustivamente.


Más de 13 horas de grabación

«Yo no adelantaba nada. Cogía mis cascos, mi libreta e iba escuchando, anotando minuto a minuto lo que decían», cuenta Paloma Maseda. Más de 13 horas de grabaciones hechas y compartidas sin consentimiento. «Salen caras de las personas que graban, nombres e incluso un número de teléfono casi completo». Está convencida de que detrás hay un grupo de personas que recorre parques, playas, festivales y fiestas populares de Galicia, sobre todo, y Asturias. «Y no hablo de dos personas, son ocho o diez. Entre ellos hay dos chicas. Y llevan muchos años lucrándose con esto». Ellas dan nombres propios, apodos y descripciones físicas. En uno de los vídeos grabados tiempo después, uno de estos voyeurs comenta los vídeos de A Maruxaina: conexión demostrada.

Este periodista ha tenido acceso a los enlaces de esas grabaciones. No todos funcionan ya: algunos vídeos han sido borrados. Pero muchos siguen visibles y acumulan cientos de miles de visitas: 681.934 solo en uno de ellos. El resto se mueve en cifras similares. Ahí está el secreto del negocio: cada visionado supone un ingreso a quien haya compartido el vídeo. Un clic equivale a un impacto publicitario: en la misma página, cuando no en otra distinta, antes de reproducir el vídeo, al pulsar 'pause'… Y eso se traduce en ciertas ganancias para quien genera el tráfico: quien haya compartido el vídeo en su perfil. Algunos, además, son de pago: 6, 7, 9 euros. «Están lucrándose con esto –dice Ylenia Hinestrosa, otra de las afectadas–. Y esto no afecta solo a las cuatro que estamos aquí, ni a las 87 de este caso. Sino que hay miles de mujeres, que salen en sitios porno sin saberlo. Orinando, en un gimnasio o un probador, manteniendo relaciones…».


La maraña de Internet

Roberto Fernández está en condiciones de aportar algunas cifras sobre este negocio. Es jefe de la sección de redes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. Entre 2018 y 2019 dirigió las investigaciones de un caso que guarda similitudes con este. La Operación Hunter se saldó con dos detenidos por grabar vídeos sexuales en plataformas de videochat y difundirlos en portales pornográficos. «Uno de ellos había compartido 57 vídeos en su perfil. En el momento en que se hizo el informe acumulaba 85.000 visitas, lo cual le podía estar repercutiendo unos 2000 euros mensuales». Habla de cientos de mujeres afectadas. En otro caso en el que intervino, esta vez relacionado con un hombre que grababa a mujeres y niñas por debajo de la falda, identificaron a 555 víctimas. «Colgó 283 vídeos que tenían 1.367.999 visualizaciones. Este tipo de contenido está muy demandado y otros usuarios llegaban incluso a animarlo para que subiera más–recuerda el agente–. En este caso, la página web no aportó información sobre la monetización».

Pero ¿cómo es posible que esos vídeos, a todas luces ilegales, sigan visibles? Aquí entramos en la maraña de Internet. Los vídeos que denuncian las víctimas en A Maruxaina están alojados en unos servidores que gestiona la compañía Cloudflare, con sede en San Francisco (California). Pero el dominio fue registrado por otra compañía: Danesco Trading Ltd., con sede en Chipre. «Es algo habitual –cuenta Roberto Fernández–. En muchas de estas páginas te encuentras con que la sede administrativa está en Chipre». ¿Por qué? «Porque la colaboración judicial con este país es menos fluida que con otros del entorno de la Unión Europea. Tiene una regulación más laxa a la hora de facilitar información y eso actúa como efecto llamada». Chipre funciona, además, como un paraíso fiscal. Los evasores de impuestos crean empresas sin tener que responder preguntas. 
 

 
El delito y el castigo. En el caso Maruxaina, si el juez opinase que hay delito contra la intimidad (algo que podría ser discutible porque están grabadas en la calle: de hecho, en un primer momento se desestimó el caso por este motivo), los culpables se enfrentarían a penas de hasta cuatro años quien grabó el vídeo y cinco quien lo difundió.

Y el secretismo es preponderante en un sector que mueve millones de euros anuales. Hay gigantes del porno on-line que se han visto ya en problemas por alojar en sus webs vídeos grabados o compartidos sin consentimiento. El pasado mes de junio dimitían los responsables de MindGeek, la empresa matriz de páginas muy conocidas como Pornhub, YouPorn o Brazzers. Lo hacían obligados por el revuelo provocado por un artículo de la revista The New Yorker que denunciaba que en esas páginas había cientos de grabaciones no consentidas: pornografía de venganza, cámaras espía en duchas públicas, incluso casos de abuso infantil. Y eso dos años después de que la página borrara millones de archivos (pasó de contener 13,5 millones a 2,9 millones de vídeos). Y de que anunciara la implantación de herramientas de inteligencia artificial para rastrear contenidos ilícitos. Lo hicieron movidos, una vez más, por el dinero: MasterCard y Visa impidieron a sus clientes que usaran tarjetas de crédito en esta web. 
 
Las afectadas por el caso Maruxaina no están solas en la lucha. En 2021, más de 30 mujeres presentaron una demanda contra Pornhub. Residen en Estados Unidos y en el extranjero. Solamente una de ellas hizo público su nombre: cuando tenía solo 13 años, dijo, su novio la obligó a grabar un vídeo sexualmente explícito. Acabó en la web. «Tenemos que hacer algo con esto –dice Paloma Maseda–. En muchos de los vídeos se acercan y tocan a las chicas que están manteniendo relaciones. En otros tienen todos los síntomas de estar drogadas. A veces es un compinche quien está con la chica: en uno se ve claramente cómo el chico la cambia de sitio cuando ella se mueve y se sale de plano». «¡Las están violando! –estalla Ylenia–. Espero que esto tenga consecuencias para los responsables, y que vaya más allá: hay que modificar la ley». Alba remata: «Se sienten impunes, y eso tiene que acabar».

 

ASÍ ACTÚAN LOS PORNOCAZADORES
 
 

 
 
Las cámaras

⇒ «Las que se colocan en probadores o cuartos de baño son minicámaras. Las hemos encontrado, por ejemplo, en un neceser», afirma Roberto Fernández, de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. No son caras: valen unos 100 euros en Amazon. Una de visión nocturna ronda los 150. Los 'cazadores' utilizan algunas con sensor de movimiento (parece que las usaron en las grabaciones de Maruxaina), que rondan también los 100 euros. «No suelen usar unos medios superavanzados». Emplean también luces infrarrojas que permiten ver sin ser visto: cuestan desde 50 euros las más básicas hasta unos 300 las antorchas más potentes.

¿Puedo detectar que me están grabando

⇒ No existen inhibidores ni ninguna tecnología similar que impida que una microcámara grabe. O te alerte de ello.


¿Son grupos organizados?

⇒ En España no es lo habitual. «No hemos dado con un grupo de crimen organizado que se dedique a grabar o comercializar este tipo de grabaciones», afirma el policía Roberto Fernández. ¿Podría llegar a ser considerado como tal? «Lo veo complicado. Para demostrar que existe un crimen organizado, se tienen que dar unos requisitos: que sea un grupo, que tenga una estructura clara y organizada y que haya unos papeles definidos a la hora de funcionar. 
 
Que exista un líder, que haya alguien que organice a quienes están por debajo…», explica Fernández.

Sin ningún control de edad o identidad en las páginas web

⇒ No hay ningún control de acceso para ver los vídeos. XLSemanal lo ha comprobado: ninguna web de contenido erótico –consentido o no– pide una verificación de edad. «Tampoco hay control ni filtro a la hora de subir imágenes», explica el agente.

Seguir el rastro

⇒ Al colgar un vídeo, queda grabada una dirección IP, una etiqueta numérica que identifica el dispositivo empleado para acceder (ordenador, portátil, tableta o móvil…) y su ubicación. Si el juez lo autoriza, se puede solicitar, primero, a la empresa que gestiona la página web y, después, al operador telefónico que ofrece esa conexión a Internet… Pero la realidad es que es sencillo ocultar esa dirección IP usando servidores que cifran la información. Puede sonar a chino a profanos, pero es una práctica común al navegar por Internet, y no solo con fines ilícitos."
 

Comentario
 
 

 
 
Sobre la cámara de PC, sugiero que cuando no la utilice la tape o apunte a otro lado.
 
Puede ubicar información sobre el uso de cámaras 
 
 
Para niños y adolescentes sugiero revisar proyecto

En el blog he publicado algunos temas sobre Seguridad Informática




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